El gobierno de Estados Unidos eliminó este miércoles a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro, según confirmó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La medida representa el paso más concreto en el proceso de normalización de relaciones entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
Una negociación por fases
Rodríguez figuraba en la lista de sancionados desde septiembre de 2018, cuando fue incluida por acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Maduro. Durante casi ocho años, sus activos en territorio estadounidense permanecieron congelados y cualquier transacción con ella estaba prohibida para ciudadanos y empresas de ese país.
Según Bloomberg, el levantamiento de sanciones forma parte de una estrategia más amplia de Washington para estabilizar a la nación sudamericana y reactivar su economía petrolera. Desde enero, el Tesoro emitió al menos 12 licencias generales que autorizaron progresivamente sectores enteros de la economía venezolana, incluyendo petróleo, petroquímica y minería de oro, siguiendo una lógica transaccional: cada reforma interna del gobierno de Rodríguez fue correspondida con un alivio adicional.
Reformas a cambio de flexibilización
A lo largo de estos tres meses, Rodríguez depuró los mandos militares, reabrió la industria petrolera a inversión extranjera mediante una reforma a la Ley de Hidrocarburos, promulgó una ley de amnistía para presos políticos y destituyó a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa. El esquema resultante mantiene los ingresos petroleros venezolanos en cuentas bajo control del Tesoro estadounidense, y cualquier acuerdo con China, Rusia o Irán requiere aprobación previa de Washington.
La embajada estadounidense en Caracas reanudó actividades oficiales el 30 de marzo, poniendo fin a una ruptura diplomática que databa de 2019.
Críticas y límites del acuerdo
Organizaciones de derechos humanos advierten que los avances en materia democrática son insuficientes. Activistas señalan que la ley de amnistía se aplica con discrecionalidad y que unos 500 presos políticos permanecen recluidos, según Infobae. La oposición democrática cuestiona que la interlocutora de Occidente siga siendo una figura forjada en el núcleo del chavismo.
El levantamiento de sanciones personales no equivale al fin del régimen general de sanciones que continúa pesando sobre PDVSA y la estructura del Estado venezolano. Como señaló la firma Sullivan & Cromwell antes de la decisión, las licencias emitidas por OFAC son revocables en cualquier momento, lo que mantiene a Washington con la última palabra sobre el futuro económico de Venezuela.
