La presidenta Claudia Sheinbaum presentó formalmente una iniciativa de reforma constitucional al Senado de México el martes 31 de marzo, con el objetivo de crear una Ley General de Feminicidio nacional que unificaría cómo se define, investiga y castiga este delito en los 32 estados. La Mesa Directiva del Senado recibió la propuesta y la turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con una sesión plenaria programada para el 7 de abril para abordar formalmente el asunto.
Impulso para poner fin a un mosaico de leyes estatales
La reforma apunta al Artículo 73 de la Constitución, buscando específicamente otorgar al Congreso la facultad de emitir una ley general que establezca definiciones y penas uniformes para el feminicidio a nivel nacional. Actualmente, cada estado mexicano tiene su propia definición y lineamientos de sentencia para este delito, lo que genera una persecución inconsistente y, según los críticos, una impunidad generalizada.
“Es esencial contar con una legislación general que establezca estándares uniformes para la tipificación, investigación, procesamiento y sanción del feminicidio en todo el país”, escribió Sheinbaum en el documento presentado al Senado, según Noroeste.
La iniciativa, titulada formalmente Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Daño por el Delito de Feminicidio, fue presentada por primera vez el 24 de marzo junto a la Fiscal General Ernestina Godoy. Propone penas de prisión de 40 a 70 años, declara el feminicidio como imprescriptible —lo que significa que no habría prescripción— e identifica nueve razones basadas en género para clasificar un homicidio como feminicidio junto con 21 agravantes. Entre esas circunstancias agravantes se encuentran los casos en que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
Protecciones para víctimas y niños huérfanos
Un elemento central requiere que los fiscales investiguen automáticamente cada muerte violenta de una mujer o niña bajo la hipótesis de feminicidio desde el inicio. “Eso garantizará que ningún fiscal, como ha ocurrido muchas veces, diga ‘se suicidó’ o ‘fue otra causa'”, afirmó Sheinbaum en la presentación de la iniciativa.
La propuesta también exige reparaciones integrales para las familias de las víctimas, incluyendo atención médica y psicológica, asistencia legal gratuita y un registro nacional de niños huérfanos por feminicidio. Los condenados perderían la patria potestad, los derechos hereditarios y cualquier beneficio legal vinculado a la víctima.
Un período legislativo ajustado
Los legisladores enfrentan un plazo muy apretado. El período de sesiones del Congreso actual finaliza el 30 de abril, lo que deja a senadores y diputados menos de un mes para avanzar la enmienda constitucional, que requiere una mayoría de dos tercios y ratificación por la mayoría de las legislaturas estatales. La reforma llega mientras México continúa lidiando con la violencia de género endémica — la Fiscalía General de la República reportó 6,440 feminicidios registrados entre enero de 2019 y enero de 2026 al presentar la legislación, según Mexico News Daily.
