Hace dos días, el 1 de noviembre de 2025, se cumplio exactamente un año desde que el Banco Central de Venezuela publicó su último informe oficial sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El último dato, correspondiente a octubre de 2024, marcaba el fin de un período de relativa transparencia y el regreso a una política de opacidad que caracterizó los peores años de la hiperinflación.
El gobierno venezolano ya había reanudado la publicación de cifras inflacionarias en 2019, tras un gap informativo de casi cuatro años (desde 2015) que coincidió con la escalada hiperinflacionaria. El regreso de los datos, aunque ampliamente cuestionados por su metodología, fueron vistos como un intento de proyectar normalización y control económico.
Sin embargo, a finales del año pasado, la situación se complicó. Fuentes económicas y analistas independientes señalan que el BCV dejó de publicar las cifras justo cuando una fuerte devaluación del bolívar comenzó a presionar los precios al alza, revirtiendo la tendencia de desaceleración que el gobierno celebraba.
Las Cifras Alternativas
Como ya ocurrió en el pasado, la sociedad civil y entidades académicas han asumido la tarea de medir la economía.
El principal referente actual es el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un organismo independiente compuesto por economistas y exdiputados. Sus mediciones, basadas en la recolección directa de precios, se han convertido en el indicador de facto para empresas y ciudadanos.
La brecha entre la última realidad oficial (Octubre 2024) y las mediciones independientes es abismal. El OVF reportó una inflación acumulada del 36.1% solo en el primer trimestre de 2025.
Mientras que el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) estimó una inflación interanual (de mayo 2024 a mayo 2025) del 238%.
Las Consecuencias
Vivir sin datos oficiales fiables tiene consecuencias devastadoras para la población venezolana. Jesús Palacios, profesor universitario, comentó para la Agencia EFE que para el ciudadano común, es imposible negociar aumentos salariales, crear un presupuesto familiar o entender el valor real de sus ahorros.
Las consecuencias para el sector privado son tangibles, el profesor comenta que las empresas no pueden fijar precios de manera coherente, calcular la rentabilidad de sus inversiones, gestionar inventarios o estructurar sus costos. La ausencia de cifras inflacionarias oficiales generan una falta de claridad y de coordinación entre todos los actores económicos.
Ante la ausencia de un indicador fiable en bolívares, el único anclaje que le queda a la economía es el dólar estadounidense. Los precios, contratos y transacciones se fijan en divisa extranjera, no por preferencia, sino por pura necesidad. El bolívar queda relegado a transacciones menores, sin una referencia de valor.
Un año después, la economía venezolana sigue operando en la sombra, guiada únicamente por los marcadores del dólar y las estimaciones de organizaciones independientes, mientras la inflación, aunque “invisible” para el Banco Central, se siente con dureza en cada transacción diaria del venezolano.
