El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, el pasado 1 de noviembre de 2025, no fue un crimen aislado, sino la crónica de una muerte anunciada. Fue la colisión frontal entre un político que declaró una guerra personal al crimen organizado y el poder fáctico de los cárteles que dominan la región. Su muerte, ocurrida en el corazón de su ciudad durante un festival público, expone la fractura de la seguridad y la extrema vulnerabilidad de quienes desafían al sistema.
Manzo, de 40 años y licenciado en Ciencias Políticas por el ITESO, representaba una anomalía en el sistema político mexicano, aunque su acenso no lo fuera: militó en el PRI, ganó una diputación federal por Morena y, finalmente, ganó las elecciones municipales de Uruapan como candidato independiente con 66% de los votos.
Esta independencia hacia los partidos, es para muchos politicos, una sentencia lenta para su carrera politica; donde es común ver a politicos institucionalmente huerfanos, es común ver politicos huerfanos de proyecto. Manzo, era la anomalía, un politico con un proyecto independiente al proyecto politico del partido afiliado de turno. Manzo obtuvo masivo apoyo popular bajo su propio movimiento “Los del Sombrero”. Se convirtió en un crítico abierto de la estrategia de seguridad federal de “Abrazos, no balazos” y no temía confrontar al gobernador de Michoacan ni a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Guerra Personal del Alcalde
En los apenas dos meses que duró su mandato, Manzo adoptó una política de “cero tolerancia”. Su retórica era bélica: “Hay que abatirlos”, declaró, refiriéndose a los criminales. Lideraba personalmente patrullajes nocturnos, documentándolos en redes sociales, y denunció públicamente la infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios en Uruapan.
El detonante de su asesinato parece ser la captura de René Belmonte, “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG, una detención que Manzo celebró públicamente en agosto de 2024. Tras esto, solicitó “código rojo” y exigió apoyo directo a la Federación, advirtiendo que la violencia estaba “desbordada”.
Manzo usó su propia seguridad como palanca política, buscando forzar una intervención federal masiva. Pero la estrategia fracasó. El CJNG aceptó el desafío, mientras que la administración estatal y federal, a las que había antagonizado, lo veían como un crítico ruidoso.
Ejecución en la Plaza Pública
El ataque ocurrió a las 20:10 horas en la Plaza Morelos, durante la inauguración del “Festival de Velas” de Día de Muertos. Frente a cientos de familias y mientras se tomaba fotos con niños, un sicario se acercó y le disparó repetidamente.
El lugar y el momento fueron un acto deliberado de terrorismo político: un mensaje de que no hay espacio seguro y que la autoridad del Estado es irrelevante. En el tiroteo, un atacante fue abatido, identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, “El Cuate”, vinculado al CJNG. Manzo murió minutos después en el hospital.
El asesinato de Carlos Manzo es el último recordatorio que demuestra la extrema vulnerabilidad de los líderes municipales. Su muerte resuena como una pregunta paralizante: si un alcalde tan público puede ser ejecutado en una plaza principal, ¿Qué protección le queda al ciudadano?
